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Este proyecto forma parte de los esfuerzos desplegados por mejorar el desempeño de los servicios públicos, mediante la adopción de principios y normas de buena gobernanza que permitan al usuario beneficiarse de las prestaciones que responden a sus necesidades y aspiraciones crecientes.

Su objetivo es actualizar el funcionamiento y la gestión de los servicios públicos e imponer el respeto de estos principios y normas por parte de todos los responsables de los servicios, en el ejercicio de sus funciones o en sus relaciones con los usuarios.

Los objetivos de las reglas de buena gobernanza, tal como se definen en este proyecto, se refieren a la realización de los objetivos estratégicos, la mejora del sistema de organización de los servicios públicos, la promoción de la calidad de las prestaciones públicas y la facilitación de su acceso, el refuerzo del rendimiento de los servicios públicos en la gestión de sus recursos, la apertura de los servicios públicos a su entorno interno y externo, la implicación de los diferentes actores en la mejora de las prestaciones y de su calidad, así como el anclaje de los valores éticos.

Este proyecto define los principios de buena gobernanza, a saber, el respeto del derecho, la igualdad, la continuidad de los servicios prestados, la adaptabilidad, la calidad, la cobertura equitativa del territorio nacional, la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad y la apertura. También establece las normas de aplicación de estos principios, que se refieren al rendimiento, las relaciones con los usuarios y la moralización de los servicios públicos.

En cuanto al rendimiento, el proyecto establece la elaboración de planes de acción plurianuales que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, las especificidades territoriales y las exigencias del desarrollo sostenible, así como la pertinencia de las misiones de estos servicios en relación con sus objetivos generales y que sirvan de base para la elaboración de las estructuras necesarias, la adopción de los principios de subsidiariedad y de desconcentración administrativa, la convergencia de los programas, la puesta en común de medios y la expedición de servicios integrados.

Además, el proyecto hace hincapié en la asociación con el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, así como en la modernización de la gestión de los recursos humanos y la racionalización de los recursos puestos a su disposición. En cuanto a la relación de los servicios públicos con los usuarios, el proyecto establece normas relativas a la apertura y la comunicación, a la mejora de las condiciones de acogida y a la obtención de las prestaciones de estos servicios, mediante la simplificación y la desmaterialización de los procedimientos administrativos. El proyecto prevé también el seguimiento de las reclamaciones de los usuarios y el recurso a vías consensuales en la solución de los conflictos con estos últimos, así como la medición de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad de las prestaciones suministradas. Y en relación con la moralización de los servicios públicos, este proyecto prevé disposiciones relativas a las normas de conducta que deben observar los recursos humanos, así como la elaboración y adopción de programas de fortalecimiento de los valores de probidad y de prevención y lucha contra todas las formas de corrupción.

Por último, la Carta de los Servicios Públicos prevé la creación de un observatorio nacional de los servicios públicos encargado de evaluar el nivel de rendimiento de los servicios públicos, realizar estudios sobre su gobernanza, así como la calidad de sus prestaciones y proponer cualquier medida que pueda mejorar su funcionamiento.